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Propuesta de Reforma Migratoria

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Los millones de indocumentados que podrían beneficiarse con la reforma migratoria podrán en una primera etapa legalizar su situación en el país si llegaron a Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2011, si pagan una multa de 500 dólares y sus impuestos atrasados y tienen un récord criminal limpio, según la propuesta que el Grupo de los Ocho presenta hoy al Senado y a la que tuvo acceso Telemundo.

Si cumplen con estos requisitos se les otorgará la calidad de Inmigrante Registrado Provisionalmente (RPI por sus siglas en inglés), con la cual tendrán derecho a vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, lo mismo que a salir del país.

El registro original provisional tendrá una vigencia de seis años y podrá ser renovable siempre y cuando se pague de nuevo la multa y no se haya cometido ninguno de los delitos motivo de deportación, según se establece en el mismo documento.

Debido a los sucesos del lunes en Boston y en respeto a las víctimas, los ocho senadores de ambos partidos que han escrito el proyecto de ley no darán conferencia de prensa y se limitarán a entregar el documento en las oficinas del Senado para que eventualmente sus colegas lo discutan.

A este registro provisional podrán acudir también aquellos individuos que en este momento estén fuera de Estados Unidos debido a que fueron deportados y que sean el esposo (a), o el padre o madre de un ciudadano o residente legal y que la deportación no haya sido por algún crimen. Por supuesto, tienen que cumplir con los mismos requisitos que se exigirán para los que están en el país, entre ellos que la deportación se haya dado antes de ese último de diciembre de 2011. El beneficio incluye a los niños o jóvenes que estuvieran deportados y que estén en la edad y demás condiciones que contempla la llamada "Acta del Sueño".

El beneficio del registro provisional igualmente incluye a aquellas personas que están en el país pero que ya tienen orden de deportación o que están en proceso de la misma, siempre y cuando también cumplan con los demás requisitos que se exigen para el RPI.

El proyecto de ley de los ocho senadores es el producto de un intenso trabajo que se inició en enero pasado y que en la mejor de las circunstancias se espera que tenga una significativa aceptación bipartidista (se necesitan 60 votos de los 100 senadores para que pase en el Senado). Si esto se consigue, la idea es que ante el apoyo mayoritario de senadores demócratas y republicanos el proyecto de ley adquiera tal dinámica que la Cámara Baja, dominada por los republicanos y donde hay más oposición a la reforma, no tendrá otra opción más que también aprobarlo.

El beneficio para los indocumentados sin embargo, o la oportunidad de solicitar o ser aceptado en ese registro provisional, no será inmediato. Una vez que la ley entre en vigencia -después de ser aprobada por las Cámaras, el Presidente debe firmarla- habrá un plazo de seis meses al final del cual la Secretaría de Seguridad Interna deberá presentar ante el Congreso dos planes para asegurar la frontera. Uno, llamado "Estrategia para una Completa Seguridad en la Frontera Sur"; y otro, de nombre "Estrategia para la Cerca -o el Muro- en la Frontera Sur".

Únicamente cuando ambos planes hayan sido presentados ante el Congreso, los indocumentados podrán iniciar el proceso de solicitud para el registro provisional (RPI).

El primer plan tendrá un presupuesto de $3 mil millones de dólares y consistirá en que se instalen más sofisticados equipos de vigilancia en la frontera para detectar e impedir el cruce de indocumentados. Algunos de estos equipos serán del tipo que han utilizado las Fuerzas Armadas en las últimas guerras en Irak y Afganistán (aviones no tripulados, radares, cercas de material especial, etc.). El plan permitirá igualmente que se contraten más agentes de la Patrulla Fronteriza a los cuales se les proveerá de equipo manual para el mismo efecto de mejor vigilancia en la frontera.

El segundo plan tendrá un presupuesto de mil 500 millones de dólares y consistirá en que se identifiquen los lugares en la frontera que todavía no tienen muro, cerca o torres de vigilancia y que el Departamento de Seguridad Interna considere que es necesario que se instalen. De nuevo, todo esto siempre en el propósito de blindar la frontera al paso no autorizado de personas, vehículos y demás.

Hasta aquí no hay mayor relación de la persona en proceso de legalización con la llamada "seguridad en la frontera". La Secretaría de Seguridad Interna presentó sus planes y los indocumentados presentan su solicitud del registro provisional. Asumiendo que lo consiguen, lo demás es de esperar. Una espera un tanto larga sí, aunque por supuesto con el permiso de trabajo, de vivir y de salir del país en la mano.

La siguiente etapa es la de la solicitud para obtener la residencia permanente. Para esto el individuo que obtuvo su RPI deberá esperar diez años. Y sólo se le permitirá hacerlo además, si la Secretaría de Seguridad Interna ha presentado por escrito tanto al Presidente como al Congreso, un documento en el que asegure que el primer plan de seguridad en la frontera es operacional, que el segundo ha sido completado, que hay un sistema de verificación de empleo en funcionamiento (como el E-Verify pero más completo) para evitar que gente sin autorización legal pueda obtener trabajo y que hay también un sistema para saber cuándo la gente con visa de turista o similar sale del país.

Un detalle que llama la atención del proyecto de ley de reforma migratoria es que lo de la "seguridad en la frontera", asunto que es decisivo para que se tenga el apoyo de algunos republicanos, ha quedado un tanto incierto o al menos no tan claro. El documento habla de que deberá darse una "rendición de cuentas" sobre cómo está la seguridad en la frontera, y la vara que servirá para medir esta seguridad es lo que denomina "el tipo de efectividad", el cual deberá ser del 90% o más.

Este "tipo de efectividad" se refiere a una relación numérica entre la gente que se detiene y/o se devuelve a México y Centro América en los lugares de más alto riesgo en la frontera (por donde más pasan indocumentados) en relación al número de gente que logró colarse. Es un tanto extraño el método, pero el punto es que en algún momento la Secretaría de Seguridad Interna tendrá que testificar que este "tipo de efectividad" se ha conseguido, es decir que hay control en al menos un 90% en esos lugares más críticos de la frontera, o como lo llama el documento, que se ha obtenido "La Meta de Seguridad en la Frontera".

El proyecto de ley habla de que este "tipo de efectividad" debería de conseguirse en los primeros cinco años y que de lo contrario se formará un Comisión de la Frontera la cual dará recomendaciones para conseguir "la meta de seguridad" que no ha conseguido el plan original de la Secretaría de Seguridad Interna.

Lo interesante o que más llama la atención de esto, considerando que era algo así como punto de honor para los republicanos, es que la "rendición de cuentas" sobre la seguridad en la frontera, por más detallada que se establezca, no se ha puesto como requisito para echar andar el resto de medidas de la ley (como el de poder solicitar la ‘green card').

Es posible que alguien diga en algún momento que la obligación de la Secretaría de Seguridad Interna de asegurar que los planes de seguridad en la frontera están funcionado incluye alcanzar este "tipo de efectividad" del 90% en el control de la frontera. Pero el punto que el proyecto de ley al menos como está redactado en su resumen no establece esto como requisito. Ya una vez que se habrá la discusión pública se sabrá más sobre este punto.

Es posible que quedó ligeramente ambiguo para satisfacer a todo el mundo. Los republicanos dirán que sí hay estrictos mecanismos para garantizar la seguridad en la frontera como requisito para que funcione la reforma. Y los demócratas dirán que accedieron a lo que pedían los republicanos aunque sin que ese tema de la seguridad en la frontera sea pre requisito para la entrada en vigencia de otras etapas de la reforma.

Una vez que la persona ha solicitado la residencia permanente -luego de los diez años de espera- viene otro periodo igualmente complicado. El gobierno únicamente dará cada año 120 mil visas o "visas de mérito", según el término oficial. La idea es que la gente que antes era indocumentada tendrá ahora que ponerse en fila como el resto de gente que quiere emigrar legalmente a Estados Unidos y para ello tendrá que competir por una "visa de mérito". El número podrá aumentarse cada año en un 5% siempre y cuando la tasa del desempleo sea menor del 8.5% con una cifra máxima de 250 mil al año.

Una vez que la persona ha obtenido la residencia permanente podrá como cualquier otro con una "green card", inciar el proceso para la ciudadanía.

El proyecto de ley incluye varios otros apartados como la creación de un programa de visas W para trabajadores temporales o huéspedes quienes podrán venir por periodos de tres años renovables varias veces y en cantidades comenzando en 20 mil y hasta 75 mil y más si las condiciones del mercado lo demandan. Importante que estos trabajadores no estarán atados a un solo empleador y podrán traer a su familia.

Hay también en la ley un aumento en el número de visas para trabajadores de la computación y similares (de 65 mil anuales actualmente a 110 mil y eventualmente a 180 mil). Habrá igualmente un nuevo programa para los trabajadores de la agricultura. Para los que trabajan ahí ahora será relativamente fácil legalizarse si prueban que han trabajado y que seguirán en la actividad por los próximos años.

El pistoletazo de salida se ha dado. Ha comenzado la cuenta regresiva sobre el proyecto de ley de reforma migratoria. Hoy, después que se conozca el documento oficial dará inicio el debate público con conocimiento de causa el cual debería de durar al menos hasta fines del mes de mayo en el Comité Judicial del Senado y luego todo junio en el pleno del Senado. El destino, o al menos la situación migratoria, de millones de seres humanos estará en juego.

Por Carlos Rajo, Telemundo